En un fallo histórico, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la exigencia de 1.300 semanas de cotización para que las mujeres obtengan la pensión de vejez. 

Ante ello, hizo un llamado para que el Congreso legisle en este sentido o, de lo contrario, se disminuirán en 50 semanas por el año 2026 y, a partir del 1 de enero de 2027, se disminuirá en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.000 semanas. 

¿Qué dice la ley?

La doctora Diana Gómez, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, explica que la Ley 797 de 2003 estipuló la edad de pensión en 57 años para las mujeres y, en 62, para los hombres. En ambos casos aumentó, así como también la densidad de las semanas hasta que llegó a 1.300 semanas. 

“Aunque se pensó en reducir la edad de las mujeres para pensionarse, realmente en menos tiempo tenemos que cotizar las misma densidad que los hombres. Por lo que a las mujeres le tocaría empezar muy pronto a cotizar para completar las semanas a los 57 años”.

¿Por qué diferentes?

Iván Jiménez, profesor del Observatorio Laboral de la Javeriana, explica que la razón inicial para la diferencia en la edad de pensión son las dificultades de acceso al empleo que tienen las mujeres frente a los hombres, por motivos de discriminación de género y porque tienen mayor dificultades de vincularse al empleo formal por cargas asociadas a la maternidad y el cuidado. 

“Hoy el sistema es desigual porque las mujeres tienen que completar la mismas semanas que los hombres en menos tiempo”, critica. 

El experto en Derecho Laboral agrega que el verdadero debate de la igualdad debió concentrarse en la densidad de las cotizaciones. “La edad es un factor intrínseco a la persona; mientras que completar las semanas es un factor externo, que depende de las garantías de acceso al empleo”, dice.

¿Y el Congreso? 

Como el Congreso está llamado a legislar en este sentido, es posible que se modifique la propuesta del alto tribunal. 
Gómez considera que es poco probable que se establezca un tope inferior a las 1.000 semanas, debido a que uno de los artículos de la Ley 789 de 2003 establece como mínimo esta densidad de cotización. 

Jiménez refiere que la decisión de la Corte se basa en la regla de prima media. Por lo que teniendo en cuenta los cambios estructurales que se plantean en el país relacionados con el sistema de pensión, “es posible que el Congreso defina una regla diferente”. No obstante, se debería mantener, agrega el experto, la reivindicación de género. 

Otro debate que queda abierto incluye a las poblaciones LGBT, quienes también enfrentan barreras laborales.