La salud mental se ha vuelto un tema cada vez más importante en la sociedad y Colombia no es la excepción. El informe ‘Trastorno de un estado sin dinero’, de la Unidad de Investigación Periodística (UIP) del Politécnico Grancolombiano, encuentra que, a pesar de avances legales y algunas estrategias implementadas, aún persisten vacíos importantes en la atención pública.
Entre 2018 y 2023, el Ministerio de Salud destinó apenas el 1 % del presupuesto total a promoción de la salud mental, muy por debajo del mínimo recomendado del 5 % por la OPS y el Banco Mundial.
El marco normativo del país ha evolucionado en la última década. La Ley 1616 de 2013 reconoció el derecho a la salud mental y enfatizó la prevención y tratamiento oportuno, especialmente en niños, niñas y adolescentes. En junio de 2025, la Ley 2460 consolidó este derecho como fundamental y propuso una atención integral con enfoque biopsicosocial y territorial.
Sin embargo, como explica Andrés Mauricio Uscátegui, director de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Fundación Universitaria Horizonte “aún faltan recursos específicos, talento humano especializado y articulación efectiva entre sectores”.
Según el informe, la atención existente presenta limitaciones evidentes. Entre enero de 2018 y septiembre de 2023 se registraron 2’491.900 atenciones a jóvenes de 14 a 26 años por trastornos mentales y del comportamiento. La Línea Nacional de Teleorientación (192, opción 4) recibió 42.927 llamadas entre abril de 2020 y septiembre de 2023, de las cuales solo 25.256 fueron atendidas efectivamente. Y la cobertura es desigual: solo 21 de los 32 departamentos cuentan con un servicio activo.
En la inversión también hay desigualdad. Bogotá aumentó de 7 mil millones de pesos en 2020 a 26 mil millones en 2023 para la atención; mientras que Antioquia pasó de 735 millones a mil millones en el mismo período.
Por otra parte, el componente cultural y educativo es clave. Para Luis Alberto Rengifo, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia, “más allá de conocer la ley, es necesario que las familias, las escuelas y los medios ayuden a formar emocionalmente a los niños”, enseñándoles a afrontar la frustración, el rechazo y la soledad como parte del desarrollo emocional.
El desgaste también afecta a quienes cuidan a otros. Sara Lucía Rueda Millán, psicóloga y docente de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, advierte que “la salud mental de quienes están en el sistema de salud no puede seguir siendo un tema secundario, pues es fundamental para garantizar una atención humana, segura y de calidad”. Es por esto que propone acompañamiento psicológico, espacios de escucha y formación en autocuidado como medidas.
Los datos sobre suicidios subrayan la gravedad de la crisis: entre 2013 y 2023, 10.108 jóvenes entre 15 y 29 años se quitaron la vida, cifra que aumenta cada año. La pandemia evidenció la vulnerabilidad del grupo adolescente y joven, con el 37 % acudiendo al sistema de salud por problemas de salud mental.
Para atender la crisis no basta con que actúe solo el Ministerio de Salud. Como señala el informe de la UIP, “las instituciones educativas, desde colegios hasta universidades, tienen un rol clave en la generación de alertas tempranas y en el acompañamiento de los jóvenes”.

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